El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha ordenado el cierre del Mercadillo del Toro durante seis meses, del 1 de noviembre de 2026 al 25 de abril de 2027, ambos incluidos, por incumplimientos reiterados de la normativa municipal.
La medida incluye una multa de 3.000 euros a la empresa explotadora, Bazamaz Group SL, tras una serie de inspecciones de la Policía Local en este recinto privado de venta dominical.
El cierre afecta a una cita comercial frecuentada por residentes británicos y de otras comunidades europeas del sur de la Vega Baja, además de sus vendedores habituales.
Inspecciones y suspensiones anteriores
Según la explicación municipal recogida por The Leader, las deficiencias detectadas se remontan a 2025 y no se habían corregido pese a los requerimientos y las reuniones con la propiedad y la empresa organizadora.
Una primera inspección en febrero de 2025 terminó con una sanción y el cierre de un domingo; las infracciones detectadas en septiembre dieron lugar a otra penalización y a una suspensión de cinco semanas.
En una nueva visita en mayo de 2026, los agentes volvieron a encontrar problemas que seguían sin resolver, de acuerdo con esa información.
El Consistorio presenta la clausura actual como consecuencia de incumplimientos persistentes de las reglas de los mercados al aire libre, no como respuesta a un episodio aislado.
Un recinto privado junto a la N-332
El mercado se encuentra en la calle Empresarios, al norte del casco urbano de Pilar de la Horadada y en paralelo a la N-332, sobre una parcela privada de 14.100 metros cuadrados.
Con aproximadamente una década de actividad, reúne unos 40 puestos de muebles usados, herramientas, juguetes, antigüedades, artículos de coleccionismo, plantas y productos para el hogar.
La oferta de comida y bebida y las actuaciones en directo también forman parte de la actividad que ha convertido el recinto en un destino de los domingos.
La organización ha comunicado en sus redes que no abrirá el domingo y que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, sin ofrecer una respuesta pública a los incumplimientos descritos.
La finalización del periodo de cierre no garantiza por sí sola la reapertura: cualquier vuelta a la actividad queda condicionada al cumplimiento de los requisitos aplicables y a posibles cambios derivados de procedimientos administrativos o judiciales.
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