El PP de Altea reclama la publicación de los informes técnicos del Mercado Municipal y un calendario para el traslado de los comerciantes, tras el cierre del edificio el 31 de octubre por deficiencias estructurales.
La portavoz popular, Rocío Gómez, acusa al gobierno de Compromís y PSOE de falta de mantenimiento y previsión; sus críticas incorporan una nueva controversia política al cierre ya anunciado por el Ayuntamiento.
Gómez sostiene que existían informes de 2018, 2021 y 2024 y pide conocer qué actuaciones se ejecutaron y cuáles quedaron pendientes antes de interrumpir la actividad comercial.
Discrepancias sobre las advertencias técnicas
El gobierno municipal había explicado que el cierre respondía a un informe externo presentado el 6 de agosto de 2026, que advertía de deficiencias que obligaban a reforzar la cimentación y los pilares.
El ejecutivo defendió que actuaba siguiendo las recomendaciones de los técnicos municipales para garantizar la seguridad de comerciantes, trabajadores y usuarios.
Gómez cuestiona esa explicación y reclama acceso público a la documentación anterior; también critica que no hubiera una alternativa operativa desde el primer día del cierre.
El alcalde, Diego Zaragozí, había diferenciado los apuntalamientos preventivos por filtraciones en la zona de pescaderías de los problemas estructurales detectados posteriormente, y señaló que aquellos apuntalamientos no implicaban riesgo de derrumbe.
Nueve puestos aceptan el traslado provisional
De los doce puestos del mercado, nueve han aceptado la reubicación y tres han decidido no acogerse a ella.
La alternativa municipal contempla una estructura cubierta con climatización y aseos en la plaza del Ayuntamiento, con una dotación de 408.000 euros aprobada por el pleno el 1 de octubre.
De ese importe, 283.000 euros corresponden al alquiler de la estructura y 125.000 al traslado y adecuación de los puestos.
El gobierno sitúa en 14 meses la duración estimada de las obras estructurales; Gómez advierte de que ese plazo no equivale necesariamente al cierre total, porque antes deben concretarse las autorizaciones, la contratación y el inicio de los trabajos.
El PP pide además una rehabilitación integral que modernice los puestos y los servicios, con los nuevos horarios que puedan acordarse con los concesionarios.
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