El PP de Altea reclama que las obras del mercado municipal no se limiten a resolver las deficiencias de seguridad y sirvan para impulsar una renovación integral de las instalaciones.
Su portavoz, Rocío Gómez, ha defendido la abstención del grupo ante la modificación planteada por el Ayuntamiento para acometer las actuaciones, al tiempo que cuestiona la planificación del gobierno local.
La formación afirma que comparte la necesidad de garantizar la seguridad del edificio y de quienes trabajan o compran en él, pero pide incorporar mejoras de accesibilidad, funcionalidad y atractivo comercial.
«Apoyamos un mercado seguro, pero exigimos un mercado del siglo XXI», ha resumido Gómez.
La petición de un proyecto más amplio
Gómez sostiene que el Ayuntamiento conocía las deficiencias desde hace más de dos años y considera que ese tiempo podía haberse aprovechado para preparar una intervención de mayor alcance.
La portavoz plantea que se podrían haber explorado ayudas europeas, estatales o autonómicas para financiar la modernización y reducir la inversión asumida directamente por las arcas municipales.
Para el PP, el proyecto debería abordar la distribución de los espacios, las condiciones de los puestos y la imagen del recinto, además de las necesidades de seguridad más inmediatas.
Su propuesta es aprovechar las obras para adaptar el mercado a las necesidades actuales de comerciantes, vecinos y visitantes, con una planificación que evite nuevas intervenciones en un futuro próximo.
Críticas a la solución provisional para los puestos
Otro de los puntos que cuestiona Gómez es la carpa prevista como emplazamiento temporal para mantener la actividad de los vendedores durante las obras.
La portavoz considera que deberían haberse estudiado otras opciones y cita una experiencia de Castellón donde, según explica, se instaló una estructura metálica acondicionada en una plaza.
El PP propone analizar si una solución de esas características podría adaptarse a Altea, atendiendo tanto a la comodidad de los profesionales como a la de sus clientes.
La formación pide que el traslado tenga en cuenta la accesibilidad, la visibilidad de los establecimientos y la capacidad para mantener la actividad comercial durante todo el periodo de reforma.
Gómez justifica la abstención como una forma de no bloquear una actuación de seguridad que considera necesaria, sin respaldar la planificación realizada por el gobierno municipal.
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