Las salidas del tren turístico desde el centro de Torrevieja están suspendidas desde el 5 de septiembre tras finalizar la concesión municipal y rechazarse la continuidad solicitada por la empresa operadora, según la información publicada por The Leader.
La interrupción afecta a los recorridos que partían del paseo de la Libertad, frente a la plaza de Waldo Calero: la ruta por el litoral y la conexión entre el casco urbano y las salinas.
Las visitas interiores a las salinas continúan
La suspensión de las salidas urbanas no supone el cierre de todas las visitas en tren al recinto salinero, que mantienen una fórmula de explotación distinta de la concesión municipal.
La misma operadora continúa realizando recorridos guiados dentro del complejo privado mediante un acuerdo comercial independiente con la compañía salinera; estas visitas comienzan directamente en las instalaciones, no en el centro de la ciudad.
La conexión desde el casco urbano hasta las salinas se incorporó en 2018 y permitía conocer la actividad productiva, las montañas de sal y la historia de esta industria local.
Del vencimiento de agosto a la suspensión de septiembre
La concesión municipal venció el 9 de agosto de 2026, después de que la Junta de Gobierno Local rechazara el 10 de julio la petición de continuar prestando el servicio hasta la puesta en marcha de un nuevo contrato.
La empresa recurrió aquella decisión y pidió suspender su ejecución mientras se resolvía el recurso; el Ayuntamiento aceptó esa suspensión temporal el 7 de agosto, permitiendo que los trenes siguieran funcionando durante las últimas semanas de la temporada alta.
El 4 de septiembre, la Junta de Gobierno desestimó el recurso y la interrupción del servicio se hizo efectiva al día siguiente, de acuerdo con la cronología difundida por el periódico.
El contrato se había adjudicado en 2021, con un canon anual de 37.501 euros sin IVA a favor del Ayuntamiento por la explotación de los dos servicios.
Los detalles de la controversia se conocieron en el pleno ordinario del lunes, donde se dio cuenta del decreto que rechazaba el recurso de la operadora.
El desacuerdo incluía la duración de la concesión: los pliegos contemplaban cuatro años iniciales y una posible prórroga de otros cuatro.
El informe jurídico municipal consideró insuficiente la justificación económica para superar cinco años y consideró admisible únicamente un año de prórroga.
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