La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley valenciana de Costas ha provocado respuestas enfrentadas en Guardamar del Segura: los afectados de la playa de Babilonia lamentan el fallo, mientras el alcalde, José Luis Sáez, respalda la recuperación del entorno.
Las reacciones conocidas este viernes, 23 de octubre, llegan después de la decisión difundida el jueves, que limita la protección autonómica cuando interfiere con las competencias estatales sobre el dominio público marítimo-terrestre.
La asociación cuestiona la respuesta del Gobierno
Manuel López, portavoz de la Asociación de Vecinos Playa de Babilonia, ha expresado que los afectados están «muy apenados» y considera de «sentido común» la protección que reclamaban para sus viviendas.
López sostiene que una reforma de la legislación estatal habría evitado esta situación y acusa al Gobierno central de haberla bloqueado; se trata de la valoración del representante vecinal sobre el conflicto.
El portavoz sitúa la erosión de la costa en el origen del problema y critica que la respuesta del Ejecutivo pase, en sus palabras, por «tirar a la gente de sus casas».
Los afectados también reclaman que las administraciones asuman sus responsabilidades en la gestión y el mantenimiento de las playas.
El alcalde apoya restaurar el entorno
El alcalde socialista, José Luis Sáez, ha declarado estar «contento» con la resolución y ha defendido que el objetivo municipal era recuperar cuanto antes ese espacio de la playa.
Sáez recuerda que las concesiones caducaron en 2018 y que el Ministerio ya se mostró entonces dispuesto a recuperar el título concesional y restaurar la zona, una posición que apoyó el Ayuntamiento.
El regidor matiza que, si se hubiera optado por mantener las viviendas, tendría que haberse hecho en condiciones que permitieran reparar los inmuebles y su entorno.
Qué cambia con la sentencia
El Constitucional reconoce la capacidad valenciana para proteger valores culturales, históricos y etnológicos del litoral, pero establece que esa protección no puede limitar las facultades del Estado sobre esos terrenos.
El fallo aborda edificios de Babilonia con órdenes judiciales firmes de demolición pendientes de ejecución; no fija una nueva fecha de derribo ni anula toda la ley autonómica.
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