La Fiscalía ha solicitado información al Ayuntamiento de Elche sobre las campas de vehículos sin autorización en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche, tras una denuncia de la Asociación de Vecinos Vial Aeropuerto de Elche.
El requerimiento forma parte de una investigación sobre posibles irregularidades urbanísticas y medioambientales en terrenos utilizados para el estacionamiento, depósito y custodia de coches cerca de la terminal.
El Ministerio Público reclama un registro de las instalaciones, su ubicación, las referencias catastrales de las parcelas, la titularidad de los terrenos y su clasificación en el planeamiento municipal.
La denuncia vecinal y el uso del suelo rural
El colectivo, presidido por Juan José Mateo Rocamora, lleva años denunciando la expansión de estas actividades en el entorno aeroportuario, especialmente en las pedanías ilicitanas de Torrellano y El Altet.
Su escrito, firmado el 15 de septiembre, pide examinar la situación administrativa de las parcelas y revisar las autorizaciones concedidas en años anteriores.
Los vecinos sostienen que parte del suelo rural se ha transformado para albergar aparcamientos y reclaman comprobar si la superficie ocupada y la actividad desarrollada se ajustan a las condiciones autorizadas.
Entre sus preocupaciones figuran las obras de acondicionamiento del terreno y sus posibles efectos sobre la permeabilidad del suelo y el drenaje, además de otras afecciones ambientales vinculadas a la concentración de vehículos.
La unidad estatal de Medio Ambiente y Urbanismo trasladó el expediente a la Fiscalía de Elche tras apreciar posibles infracciones penales, que deberán esclarecerse en la investigación.
Inspecciones municipales y revisión de cada instalación
El Ayuntamiento ha manifestado su colaboración con la Fiscalía y recuerda que ya había iniciado procedimientos para atender las quejas vecinales y ordenar esta actividad.
Como antecedente, la documentación municipal recopilada por la asociación recoge más de 110 campas identificadas y alrededor de 81 inspecciones comunicadas en junio, realizadas por la Policía Local y los servicios técnicos.
El escrito vecinal subraya que las instalaciones presentan situaciones jurídicas diferentes y que cada caso debe examinarse individualmente, incluida la vigencia de las licencias históricas y las posibles ampliaciones posteriores.
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